Abril 11, 2025
La prescripción penal es una institución clave dentro del derecho penal colombiano, cuyo propósito principal es limitar temporalmente el poder sancionador del Estado. Esta figura jurídica busca proteger los derechos fundamentales como la dignidad, la libertad individual y la seguridad jurídica, evitando la perpetuación indefinida de la persecución o la ejecución de penas por delitos cometidos.
En esta guía integral analizaremos los conceptos fundamentales de la prescripción penal, su regulación normativa vigente, jurisprudencia destacada y principales doctrinas, dividiendo claramente el análisis en las dos modalidades principales: la prescripción de la acción penal y la prescripción de la sanción penal.
La prescripción de la acción penal se define como la pérdida del derecho del Estado a perseguir penalmente un delito transcurrido cierto tiempo desde su comisión, sin que se haya producido una sentencia condenatoria definitiva. Esta figura tiene como finalidad impedir la persecución perpetua, garantizando al imputado seguridad jurídica y respeto por sus derechos fundamentales.
La prescripción de la acción penal está regulada por los artículos 83 a 86 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). De acuerdo con el artículo 83, el término de prescripción corresponde a la pena máxima prevista por la ley para el delito imputado, estableciendo como límites un mínimo de cinco (5) años y un máximo de veinte (20) años. El conteo del término inicia desde la fecha en que se cometió el delito.
Existen circunstancias específicas que afectan el cómputo del término prescriptivo:
La prescripción de la sanción penal se refiere al tiempo durante el cual el Estado tiene la facultad de ejecutar una pena impuesta mediante una sentencia condenatoria firme. Este instituto busca asegurar que el Estado actúe de manera eficiente y oportuna al ejecutar las sanciones penales, evitando prolongar innecesariamente la incertidumbre en la vida de los condenados.
La prescripción de la sanción penal está regulada principalmente en los artículos 89 y 90 del Código Penal colombiano. Conforme al artículo 89, el plazo para esta modalidad de prescripción equivale al término exacto establecido en la sentencia condenatoria, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años. Dicho plazo comienza a contar desde la fecha en que la sentencia condenatoria queda ejecutoriada formal y materialmente.
En cuanto a la ejecución de penas, la prescripción se interrumpe fundamentalmente cuando:
En ambas circunstancias, el término prescriptivo se reinicia completamente desde el momento de la captura o sometimiento voluntario.
Ambas modalidades de la prescripción penal están amparadas por la Constitución Política colombiana, específicamente en sus artículos 28 y 29, que garantizan la dignidad humana, la libertad personal y el debido proceso. El Estado colombiano, como garante de los derechos fundamentales, debe actuar oportunamente, evitando dilaciones indebidas que afecten negativamente la calidad de vida y la dignidad del procesado o condenado.
La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sostenido reiteradamente la importancia de la prescripción penal como mecanismo que no solo protege a los ciudadanos de persecuciones injustificadas e indefinidas, sino que también fomenta la eficiencia y la diligencia estatal en la administración de justicia. Específicamente, la Corte Constitucional en Sentencia C-240 de 1994 afirmó que la prescripción impide la perpetuación de situaciones jurídicas inciertas y obliga al Estado a actuar con prontitud.
Asimismo, especialistas doctrinales como Emiro Sandoval Huertas en sus estudios sobre el nuevo Código Penal colombiano, señalan que la prescripción de la pena garantiza la dignidad humana y la seguridad jurídica al establecer límites temporales claros y precisos para la acción estatal (Sandoval Huertas, E. 1981, "La prescripción de la pena en el nuevo código penal colombiano").
A pesar de una regulación clara, la aplicación efectiva de la prescripción penal enfrenta desafíos significativos, entre ellos:
Estos desafíos hacen necesaria una constante actualización y análisis por parte de jueces, fiscales, defensores y abogados para asegurar la aplicación correcta y justa de esta importante figura jurídica.
Para concluir, la prescripción penal en Colombia es un pilar fundamental que asegura el equilibrio entre el ejercicio del poder punitivo del Estado y el respeto por los derechos fundamentales de las personas involucradas en el sistema penal.
Un entendimiento claro y profundo de su regulación y aplicación es indispensable tanto para profesionales del derecho como para cualquier ciudadano.
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