¿En Qué Consiste la Ley de Pequeñas Causas en Colombia?

Agosto 23, 2017

En Colombia, el robo de un celular podría conllevar a un procedimiento penal que demore 2 o 3 años en ser procesado. Para atender la situación, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decretó una nueva ley llamada "Ley de Pequeñas Causas" para que esos acontecimientos ilegales sean resueltos en 6 meses. Si usted ha sido víctima de un delito menor, entonces necesita la asesoría de una oficina de abogados que, mediante los lineamientos que emite la regla, puedan solucionar su problema en menos tiempo y sin mayores inconvenientes, ya que el abogado podrá encargarse de todo.

La Ley de Pequeñas Causas es un conjunto de normas que buscan agilizar los procesos penales en Colombia, específicamente aquellos delitos vinculados con el robo de celulares, calumnia e injuria, lesiones personales que no generen incapacidad, inasistencia alimentaria y estafas que sean menores a los 105 millones de pesos. Según una publicación del portal de noticias El Tiempo, un ciudadano podrá dirigirse a un juzgado para presentar sus pruebas que, de alguna manera, adelanten el juzgamiento del culpable. Incluso, este procedimiento, que lleva por nombre acusador privado, puede realizarse en compañía de un abogado especialista en derecho penal.

La razón de esta ley, que también es reconocida como Ley de Procedimiento Especial Abreviado o Ley 1826 del 12 de enero de 2017, es para que la acusación de los responsables que incurran en un delito menor sea más rápida; de este modo, la condena se dictará en 2 audiencias y no en 5 como es común en el país. El presidente Juan Manuel Santos, al anunciar la aprobación de la ley, dijo que los delitos menores no son consideramos poco importantes, pero sí ameritan de una investigación menos compleja que los delitos mayores. Con esta medida, pretenden agilizar cerca de 400 mil casos por año.

Dos de los puntos más importantes que están presentes en la referida ley son:

• Procedimiento especial abreviado. En el capítulo I, artículo 534, se especifica que este procedimiento será aplicado en conductas punibles como actos de discriminación u hostigamiento, hurto calificado, hurto agravado, abuso de confianza, corrupción privada, administración desleal, abuso de condiciones de inferioridad y uso indebido de información privilegiada en particulares. Otras conductas a las que será aplicado el procedimiento especial abreviado son la violación a los derechos patrimoniales del autor y derechos conexos, la falsedad en el documento privado, el uso ilegítimo de patentes, la violación de reserva industrial y comercial, entre otros.


• De la acción penal privada. En el capítulo II, artículo 549, detallan que un acusador privado "es aquella persona que, al ser víctima de la conducta punible, está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado". Además, en el mismo artículo aclaran que "el acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo para ejercer la acción penal".

Entiéndase "querellante" como la persona que se opone en el caso o que rompe con la armonía entre las dos personas que hacen parte del proceso penal.

Por último, el mismo artículo asegura que "en ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un abogado de confianza".

Lo anterior deja ver el cuidado que deben tener las personas al querer tomar la justicia por su propia cuenta ya que, si una víctima desea resolver algún problema porque ha sido sorprendido en un delito menor, entonces la mejor alternativa será buscar un abogado certificado que lo represente en todo momento.

Según la Fiscalía General de la Nación, organismo que celebra la aprobación de la ley, los beneficios que reciben los ciudadanos son:

1. Menos estrés. El tiempo del procedimiento penal será reducido a la mitad para aquellos delitos que afecten más la seguridad ciudadana.


2. Reducción de audiencias, que implica poco tiempo de inversión para la solución del problema legal. Serán eliminadas 3 audiencias de 5. Es decir, solo serán necesarias 2 audiencias para que el delito sea procesado: audiencia concentrada y juicio oral.


3. Más seguridad en las calles. Una de las noticias importantes es que las personas reincidentes tendrán que ir a la cárcel y su aprehensión dejará de ser opcional. Con la medida evitarán que las personas con antecedentes penales sigan delinquiendo en la calle.


4. El ciudadano podrá agilizar el caso junto a su abogado privado. Solo bastarán las pruebas que certifican el delito menor, mientras haya flagrancia, y la presencia de un abogado que lo represente para que la fiscalía inicie la investigación. La "flagrancia" es un acto que se ejecuta en el momento que ha sido descubierto. En otras palabras, es la posibilidad de detectar un delito en el mismo momento que se está ejecutando. La modalidad de denuncia antes planteada también habilita a los policías para acudir a la fiscalía cuando la víctima esté en imposibilidad de hacerlo: en el caso de que la víctima esté inconsciente, por ejemplo.


5. Eliminación de denuncia en casos especiales. La nueva ley aprueba que el ciudadano no tiene necesitad de denunciar ante la fiscalía los casos de delito que vayan en contra de la administración pública, como divulgación y empleo de documentos reservados; uso indebido de información obtenida en el ejercicio de la función pública; revelación de secreto; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicaciones.


6. Destrucción de armas para la tranquilidad de los colombianos. La presente ley le permite a la fiscalía destruir las armas incautadas, bien sea de fuego o blancas, tras comprobar que fueron utilizadas para actos ilícitos. Con esta medida, evitarán que las armas sean usadas para nuevos delitos.

Con las puntualizaciones anteriores, el gobierno nacional busca tranquilizar a los ciudadanos, ya que los procesos penales que incluyen delitos menores serán más rápidos y requerirán el cumplimiento de menos pasos.

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